El ayuntamiento de Adeje se sumará al recurso administrativo en contra de la Ley 27/2013 de racionalización y sotenibilidad de la Administración Local

Durante la mañana de hoy lunes 24 de febrero, el alcalde de Adeje José Miguel Rodríguez Fraga, junto a los portavoces, Adolfo Alonso Ferrera y Andrés Pérez Ramos, ha manifestado que el ayuntamiento de Adeje se sumará al recurso administrativo en contra de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual ha definido como “una ley con una carga ideológica importante que aleja a la ciudadanía de sus derechos fundamentales”, asimismo, destacó que “gran parte de los servicios que se han venido prestando en los ayuntamientos no podrán ser proporcionados producto de las modificaciones recogidas en esta Ley”.

Seguidamente, indicó que “plantearemos, en pleno extraordinario, un frente común a lo que entendemos que está siendo una agresión brutal a la autonomía local y al significado que tienen los ayuntamientos. Es una Ley que invade competencias, cercena la autonomía municipal y convierte a las administraciones locales en instituciones tuteladas y al mismo tiempo, priva a la ciudadanía de un instrumento básico de cercanía y participación, en definitiva, pretende eliminar la esencia misma de la realidad local”.

“En el caso de España, la administración local es la que menos grava en impuestos, la que cumple mejor los parámetros de estabilidad presupuestaria, y supone tan sólo el 4% de la deuda nacional. Son los ayuntamientos los que dedican menos gasto al mantenimiento o retribuciones de sus cargos electos, al mismo tiempo, son las administraciones locales las mejor valoradas por la ciudadanía y son las que mayor nivel de participación electoral presentan. Dado este panorama, es más que evidente la desafección de la política de la ciudadanía, es menor en los ayuntamientos”, sentenció el primer edil adejero.

Esta Ley ha sido duramente criticada por el Consejo de Estado, que ha dicho que hay un conflicto con la Constitución Española. Esta misma premisa ha sido defendida por el Consejo de Europa, que asegura que esta normativa priva a las administraciones locales del papel de cercanía que deben realizar para poder resolver los problemas de la ciudadanía. También entra en conflicto con la Carta Europea de Autonomía, que indica que las entidades locales deben ser autónomas para dar servicio a la colectividad.

Pautas a seguir
El alcalde explicó que se procederá a la convocatoria de plenos municipales en los más de 8.000 municipios existentes en España. El objetivo es aprobar la decisión de plantear este recurso/conflicto, en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. Esta iniciativa deberá contar con la mayoría absoluta. Una vez que el Consejo de Estado haga público su pronunciamiento, previa solicitud, se interpondrá el conflicto de competencias ante el mencionado tribunal.

La solicitud busca paralizar y anular la aplicación de la Ley 27/2013. En este sentido, José Miguel Rodríguez Fraga, recordó que “no es la primera vez que se recurre una Ley ante el Tribunal Constitucional, pero sí será la primera que lo harán conjuntamente más de 3.500 ayuntamientos de toda España, que representan a más de quince millones de personas”.

Por lo tanto, explicó que “vamos a superar las exigencias de la propia normativa, que recoge que para que los ayuntamientos puedan plantear este tipo de conflictos al Tribunal Constitucional, es necesario que la séptima parte del total de ayuntamientos se sumen y que eso suponga la sexta parte de la población”.

El recurso pretende la defensa de la autonomía local por parte de los ayuntamientos, a esta iniciativa, se suman las Comunidades Autónomas entre ellas, Canarias, Andalucía y Asturias.

El alcalde incidió en que “dado que se vulnera el principio democrático en el ámbito local y se ataca a una herramienta básica, democrática y de gestión y de eficacia que tiene la ciudadanía, se ha planteado esta posibilidad que esperamos sea favorable para las administraciones locales”.

Rodríguez Fraga ha puntualizado que “es un procedimiento complejo que exige una suma de voluntades políticas y de esfuerzo sin precedentes. De hecho, se han posicionado los partidos políticos: PSOE, CIU, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, Nueva Canaria, UPyD, entre otros.