La segunda ponencia se centró en realizar un análisis crítico a la legislación vigente en Canarias, España y Europa. En este sentido, Natalia Morales, abogada y técnica especialista en Violencia de Género e Inmigración detalló que la Ley Canaria contra la Violencia de Género de 16/2003 prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género la cual según la norma canaria tiene varias formas: violencia física, económica, sexual, psicológica, amenazas y coacciones. En dicha ley se integra y articula funcionalmente el conjunto de actividades, servicios y prestaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, tienen por finalidad la prevención de las situaciones de violencia contra las mujeres, así´ como la asistencia, protección y reinserción de sus víctimas para garantizar su dignidad personal y el pleno respeto de sus entornos familiares y sociales. La Ley Canaria, es con diferencia, una de las mejores propuestas legales que tenemos en el país, asegura la abogada.
Seguidamente, Ana María Ruiz-Tagle Morales, diputada constituyente y senadora del PSOE por la provincia de Sevilla en 3 legislaturas profundizó sobre las “Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” amparadas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en la que la violencia de género se enfoca de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.
La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley.
Micaela Navarro Garzón, senadora por la Provincia de Jaén y presidenta del PSOE en Andalucía profundizo en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido comúnmente como el “Convenio de Estambul”, en el que se recoge que hay que “proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Líneas de acción
La tercera ponencia se centró en las líneas de intervención en situaciones de violencia de género en la que Daura Hernández González, coordinadora del Punto de Encuentro Familiar + Familia y miembro de la Asociación Domitila Hernández, destacó que los mismos son un “recurso social especializado para la intervención familiar, en un espacio neutral o idóneo cuando la relación de las personas menores con algunas de las o personas progenitoras o miembro de su familia se encuentra interrumpida o es de difícil desarrollo y su uso ha sido acordado por resolución judicial y al mismo tiempo es un recurso de protección contra la violencia de género que proporciona seguridad y excepcionalidad”
Entre las acciones que se realizan en el punto de encuentro destaca la atención individualizada a cada víctima de violencia de género en función de sus necesidades. Se realiza una actuación precisa, sensible, empática y asertiva hacia la víctima, se interviene en casos con orden de protección como medida cautelar, se aplica el protocolo de actuación en casos de violencia de género, nos coordinamos con el Servicio Insular de Atención a las mujeres Víctimas de Violencia de Género y la Unidad de Violencia del IASS, promocionamos la inserción laboral de las víctimas de violencia de género, fomentamos valores igualitarios entre los y las menores y progenitores rechazando de forma taxativa aquellas conductas y valores machistas.
Por su parte, Itzíar Canino Chávez, psicóloga responsable del proyecto “La Casa dela mujer” especificó que la violencia de genero sigue siendo una lacra cuyos recursos en canaria están desbordados y por ende desde la casa de la mujer ofrecemos un servicio especializado a mujeres supervivientes de la violencia de género para favorecer la recuperación de su seguridad, autoestima y desarrollo; facilitar apoyo, orientación y acompañamiento profesional, fomentar las competencias personales, laborales y formativas, así como guiar a esas mujeres en una adecuada reinserción socio-laboral, actualmente hemos atendido a 18 mujeres sobrevivientes a esta lacra”.
Finalmente, Miriam Alcolea Rodríguez y Laura Santana Rodríguez, psicoterapeutas de la Asociación Domitila Hernández, entidad colaboradora con Instituciones Penitenciarias en la aplicación del PRIA-MA, entre los objetivos del proyecto destaca erradicar las conductas violentas y reducir el nivel de reincidencia de los participantes; modificar aquellos factores de riesgo dinámicos que la literatura señala como relevantes en los delincuentes de género; facilitar la adherencia y receptividad al tratamiento por parte de los penados mediante un enfoque positivo del tratamiento. Introducir mejoras en el funcionamiento psicológico de los participantes.
La eficacia de este programa se divide en dos apartados, por un lado, se valora el cambio terapéutico de los usuarios, que deben cumplir los objetivos del programa además de superar una evaluación pre-post y durante la aplicación del mismo. En segundo lugar, se encuentra la tasa de reincidencia policial, cuyos datos son proporcionados por VIOGEN. Una vez que el programa especializado en reinserción de los maltratadores culmina, se les pide que redacte y comparta su experiencia con otros que se encuentren en su misma situación
