Las 32 viviendas de protección oficial de Las Nieves, avanzan a buen ritmo, de hecho se encuentran al 80% de su construcción y se prevé que estén listas para los meses de verano. El edil de Obras y Viviendas, Gonzalo Delgado Díaz ha puntualizado que las viviendas son de régimen especial de venta y que el coste aproximado de las mismas, incluyendo garaje y trastero, oscilará entre los 97 y 100.000 euros.
Seguidamente, el edil ha expresado que “una vez superados los problemas que tuvimos con la anterior empresa constructora dada su quiebra, sacamos nuevamente a concurso dicha obra y el resultado es que los trabajos, van muy avanzados, lo cual nos indica que podremos disponer de las viviendas para los meses de verano”.
Las viviendas se han construido en un edificio de tres alturas, el cual dispone de un local destinado a plazas de aparcamiento y trasteros vinculados y dos locales comerciales. Las 32 viviendas protegidas disponen de una superficie aproximada de 90 m2 útiles repartidos en 3 dormitorios y cocina independiente con una pequeña solana. Dos de las viviendas del complejo están adaptadas para unidades familiares que cuenten entre sus miembros con personas discapacitadas. Los dos locales disponen de superficies de 70 y 81 m2 respectivamente. Toda la edificación dispondrá de jardines y zonas comunes.
El proyecto ha sido redactado por el Estudio de Arquitectura CG Arquitectos, representado por Jorge Guix Requejo y Ana Casso Castillo.
Una preocupación
El concejal responsable, aprovechó la oportunidad para manifestar su preocupación por el borrador de decreto que el Gobierno de Canarias quiere aprobar con carácter retroactivo, en el cual “se fulminan las ayudas y subvenciones que se estaban dando a la compra de vivienda protegida”. Delgado Díaz reconoce que “es un tema que nos hará muchísimo daño puesto que con las ayudas del Gobierno Central y del Gobierno de Canarias, los usuarios podían disponer del dinero para la entrada”.
Por tal motivo, el concejal ha explicado que se están sosteniendo diferentes reuniones con la Asociación Canaria de Vivienda y Suelo, el Colegio de Arquitectos y las empresas del sector para intentar, de alguna forma, parar dicho decreto, “las cosas se pueden hacer de otra forma o al menos tener en cuenta que existen más de 400 viviendas protegidas que no han salido a la venta y que sin este tipo de incentivos se quedarán sin vender, lo que se traduce en familias que no podrán beneficiarse”.
